REFORMA PROVINCIAL.

A finales del siglo III el mapa administrativo de Hispania seguía siendo el mismo que diseñó Augusto tres siglos antes, pero en torno al 300 Diocleciano y los tetrarcas culminaron las reformas administrativas puestas en práctica los años anteriores, las cuales afectaron al ejército, las provincias y la administración imperial.

Uno de los cambios más innovadores de Diocleciano y los tetrarcas fue la sustitución progresiva de funcionarios senatoriales por ecuestres. En general la Tetrarquía llevó a cabo una política antisenatorial que iría aportando cada vez más importancia a los ecuestres.

Estas reformas administrativas se completaron con otras medidas políticas no menos importantes como la separación de poderes civiles y militares. Este proceso fue largo y no concluyó hasta las últimas décadas del siglo IV.

El territorio hispánico estuvo dividido, hasta finales del siglo III, en tres provincias: Tarraconense, Bética y Lusitania. El territorio peninsular e insular se  distribuía en tres provincias muy diferentes entre sí en cuanto a extensión, recursos y modos de vida.

Hacia el año 300 se constatan ya en Hispania los efectos de la reforma provincial en virtud de la cual el territorio hispánico quedó dividido en cinco provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Carthaginense y Gallaecia. La nueva división incluía las Baleares, adscritas a la Carthaginense. Las nuevas provincias, más pequeñas, implicaban también un nuevo reparto jurisdiccional del territorio en unidades más fácilmente gobernables. Así la Tarraconense se redujo en tamaño, por ejemplo.

LA REFORMA ADMINISTRATIVA.

La gran reforma administrativa del Bajo Imperio fue, sin duda, la configuración de las diócesis como agrupaciones de provincias por dos razones fundamentales: por la novedad del sistema diocesano y por la eficacia en términos gubernativos.

La formación de la diócesis se realiza a partir del agrupamiento de las unidades provinciales existentes para constituir una nueva unidad administrativa, de entidad territorial, jurisdiccional y económica. A las provincias hispánicas viejas (Bética, Lusitania) y nuevas, se añadió además la norteafricana Mauritania rompiendo así la aparente unidad territorial de Hispania. El documento llamado “Laterculus Veronensis” recoge los nombres de las doce diócesis en que fue dividido el Imperio, llamándose Hispania “dioecesis Hispaniarum”.

El vicario enviado a las diócesis tenía jurisdicción sobre todos los provinciales, por encima de los gobernadores y era la representación del propio emperador, la máxima autoridad imperial en su circunscripción.

En el caso de Hispania, las provincias de la diócesis variaron a lo largo del tiempo y no es algo extraño ya que este sistema había sido concebido para asumir posibles cambios.

REFORMAS ECONÓMICAS.

Pero el Imperio e Hispania no solo necesitaba reformas administrativas sino también económicas. Era necesario hacer frente a los crecientes gastos de la administración imperial y el mantenimiento del ejército, era necesario un plan de recuperación económica tras un siglo de luchas y disputas.

Muchos campos habían quedado largo tiempo sin cultivar (agri deserti); los circuitos comerciales tradicionales se habían obstruido por las guerras y la inseguridad creciente en las vías fuera de las ciudades. Ante esto, el gobierno tetrárquico puso en marcha una ambiciosa reforma fiscal destinada a proporcionar al Estado los ingresos necesarios para su recuperación.

Para ello, toda la población fue censada de nuevo, pero con fines fiscales, y también se censó a los animales. La llamada iugatio-capitatio fue el nuevo sistema fiscal implantado en época de Diocleciano y estaba destinado a proveer de recursos al Estado para atender las necesidades provinciales.

En Hispania no hay testimonios directos al respecto pero estas medidas, sin duda, se aplicaron como en el resto de provincias y diócesis del Imperio.

SOCIEDAD.

La definición tradicional de la sociedad bajoimperial romana ha sido en terminos de bipolaridad atendiendo a los dos grupos sociales de la época: honestiores y humiliores, en el Bajo Imperio esta distinción se convirtió en una auéntica división social.

Honestiores designa en la sociedad romana a los ciudadanos de mayor honor que, a menudo, coinciden con los que tienen también mayor riqueza, por lo que son objeto de un tratamiento de distinción que se manifiesta en su posición social, económica y jurídica en términos de justicia penal: exentos de la penal capital salvo los delitos de lesa majestad o traición al Estado. Dentro de este grupo se incluyó a los grandes propietarios y también grandes funcionarios, así como oficiales del ejército, jerarquías eclesiásticas…

Humiliores eran los grupos sociales inferiores, de cualquier estatus y ocupación. En general, este grupo tenía condiciones de vida difíciles y peores que las de los honestiores, de los cuales dependían en muchas ocasiones. Humilior acabó englobando a todo aquél que no era honestior.

EJÉRCITO Y LIMES HISPANUS.

El ejército fue uno de los sectores menos perjudicados por la crisis del siglo III debido a la protección del Estado. Los militares se habían hecho omnipresentes en la vida política y social romana, algunos oficiales habían sido  aclamados incluso como emperadores. Todos actuaban como grupos especializados para reforzar la eficacia de los cuerpos del ejército tradicional.

El sistema de defensa imperial, durante el Bajo Imperio, se reforzó en las áreas fronterizas próximas al “limes”, donde había más presión de pueblos bárbaros. El refuerzo se llevó a cabo construyendo instalaciones defensivas o destinando más unidades militares al área afectada. Muchos historiadores y arqueólogos coinciden en la existencia de un “limes hispanus” en torno a la Meseta norte durante el siglo IV.

Pero el documento que más controversia ha causado entre historiadores es la “notitia Dignitatum”, en la que se mencionan los cargos que estaban al mando de las unidades militares existentes en Hispania. En torno a la “notitia” hay multitud de teorías y aun no es claro a qué fecha en concreto hace alusión.

BIBLIOGRAFÍA.

BRAVO, G. (2011): Nueva Historia de la España Antigua. Alianza Editorial S.A., Madrid. pp. 224-234.