Los Austrias siempre se mantuvieron favorables al Santo Oficio e incluso, en parte, llegaron a fortalecerlo. Fueron conscientes de la importante herramienta político-religiosa que suponía un tribunal de estas características en el contexto histórico del que fueron partícipes. Bien es cierto que Carlos I, ajeno en un inicio, llegó a cuestionar las competencias de la Inquisición pero, finalmente, se valió de ella y la transformó como arma en su lucha contra el protestantismo. Felipe II cambió el foco hacia la lucha contra los moriscos en territorio nacional con el objetivo de lograr la unidad religioso-cultural en la península. Por su parte, Felipe III culminó la empresa de su padre expulsando definitivamente a los moriscos gracias a la importante herramienta que suponía la Inquisición. Pero, durante la época de los Austrias -mayores y menores-, el Tribunal estuvo fuertemente cuestionado a nivel social debido, sobre todo, a una constante mutación de los objetivos del mismo que atendía, en muchas ocasiones, más a principios económicos y sociales que religiosos. La corrupción de la Inquisición entre los siglos XVI y XVIII era algo palpable en la España del momento, y no fueron pocas las voces que se alzaron, tímidamente eso sí, contra los constantes atropellos y el holocausto que generó dicha institución.

• CARLOS I

Con la muerte de Fernando el Católico, Carlos de Habsburgo, hijo de Juana y Felipe, accedió al trono de España en 1516. A pesar de su incontestable fe católica, el reinado de Carlos I estuvo marcado por constantes enfrentamientos con el Papa, así como con la propia Inquisición, a pesar de que su abuelo le pidiese en el testamento que conservase, por todos los medios, el Tribunal del Santo Oficio. Pero en cuanto el joven rey llegó a España, en las Cortes de febrero de 1518 en Valladolid, no fueron pocas las voces que le pidieron una importante reforma de la, por entonces, joven institución. La petición no consistía en la supresión del Tribunal sino en adecuarlo al derecho común y los sagrados cánones.^{[1] [2]}

Carlos I, de acuerdo en un inicio con lo propuesto por una buena parte de los diputados de las Cortes, redactó una extensa y avanzada pragmática sanción en la que establecía unos derechos mínimos para los reos del Santo Oficio. Estas novedades incluían el traslado de los presos a cárceles abiertas en las que pudiesen recibir visitas, tener derecho a un letrado para la defensa, tener conocimiento de las acusaciones y los nombres de los denunciantes, asistir a misa, regular el uso del tormento o evitar la confiscación de bienes antes de ser juzgados. En definitiva, esta pragmática de Carlos I buscaba evitar los graves abusos ejercidos por la Inquisición hasta el momento y regularla en la medida de lo posible. Sin embargo, dicha pragmática nunca fue publicada, pues Adriano de Utrecht, inquisidor general y maestro del rey, llegó a persuadirlo para que evitase enemistarse con el clero y con el propio pueblo.^{[3] [4]} Aunque no llegase a hacerse efectivo, este acto de Carlos I refleja que el rey no coincidía con los procedimientos inquisitoriales y muestra un primer rechazo oficial hacia el Tribunal del Santo Oficio.

Todo esto chocaba directamente con la posterior actuación de Carlos I a raíz de las Cortes de Zaragoza en mayo de 1518. Es bien sabido que en Aragón la Inquisición nunca fue plenamente aceptada debido a que los aragoneses ya conocían en qué consistía dicha institución. Por ello, a la llegada del rey a las Cortes de Zaragoza, los diputados aragoneses le propusieron prácticamente lo mismo que los castellanos respecto a la Inquisición. En este caso, Carlos firmó sin intención de aceptar, revocando casi inmediatamente su decisión. Pero Juan Prat, notario de las Cortes, envió la documentación a Roma para su aprobación, ante lo cual la Inquisición lo detuvo en cuanto las Cortes se disolvieron en 1519. El Papa León X, atento a lo ocurrido en Aragón, expidió tres breves cuyo objetivo era reformar la Inquisición en España, pero Carlos I se negó a aceptar dichos breves y los revocó. Los aragoneses, finalmente, aceptarían la liberación de Juan Prat, sin poder conseguir la reforma de la Inquisición. Esta misma situación se iría dando a lo largo de todo el reinado de Carlos I en las diferentes Cortes celebradas, sin llegar a conseguirse jamás la ansiada reforma.^{[5] [6]}

Esto nos puede hacer pensar que el rey-emperador Carlos acabó asimilando el Santo Oficio a pesar de que un inicio pretendiese su reforma. La tutela de Adriano de Utrecht, inquisidor general y posteriormente Papa, influyó decisivamente en la opinión del rey, el cual vio en la Inquisición un instrumento sumamente útil. Carlos I lo que hace es darle un giro de 180 grados a la institución y enfocarla directamente a la lucha contra el protestantismo, abandonando casi al completo la fijación hacia los ya judeoconversos. Se inicia así una pugna entre el Papa Clemente VII y Carlos I con el objetivo de reivindicar, como cabeza visible y guía, la defensa del catolicismo en Europa.^[7] Sin embargo, a pesar de que el rey era consciente de la utilidad de una herramienta como el Santo Oficio, también era consciente de que generaba numerosos recelos entre la población, tanto de Castilla como de Aragón. Así pues, tuvo que llegar a suspender la actividad de la institución entre 1535 y 1545 debido a las numerosas protestas que ese estaban sucediendo en la península.^[8]

El giro de timón hacia el luteranismo, y otras formas de herejía como el erasmismo o los alumbrados, así como los problemas en las Cortes, no implicaron un descenso en la actividad inquisitorial durante el reinado de Carlos I. Tenemos constancia de la celebración de, al menos, ocho importantes autos de fe en la ciudad de Sevilla^[9] en la que, como hemos dicho, se encontraba el tribunal más célebre y activo de todos. Aunque no tenemos datos exactos relativos a las víctimas de todos los tribunales de España durante el reinado de Carlos I, sí que tenemos una aproximación que se puede tener en cuenta. Así pues, entre 1516 y 1556, fueron quemados en España un total de 5290 personas, en efigie 2981 y penitenciados 52.321, haciendo un total de 60.592 casos de acusados bien por judaizantes, por protestantes o por heréticos.^[10] Vemos, por tanto, que desde 1516 hasta 1556 el Tribunal de la Inquisición mantiene, e incluso aumenta, su actividad viviendo casi una época “dorada” en lo que a autos de fe, confiscaciones y víctimas se refiere. Se dice que Carlos I, ya retirado en Yuste, se lamentaba de no haber recortado y reformado las competencias de la Inquisición en su llegada a España en 1518.^[11]

• FELIPE II

Su hijo, Felipe II, reinó desde 1556 hasta su muerte en 1598. Estos años se conocen como los más oscuros de la Inquisición española, si Carlos I había dado un giro hacia la lucha contra los protestantes, Felipe II divide esta lucha dogmática en protestantes y moriscos, debido a la rebelión en las Alpujarras. Fue el soberano que más empeño puso en reforzar la Inquisición, pues la convirtió en uno de los más importantes brazos armados de sus territorios.^[12]

Felipe II impuso un férreo e intransigente sistema de ideas y creencias a toda la sociedad hispánica cuyo brazo ejecutor fue el Santo Oficio. Para llevar a cabo todo este proceso centralista y ortodoxo, Felipe II y sus ministros iniciaron una serie de reformas en la Inquisición que perduraron hasta la desaparición de la misma en 1834. Lo primero que se hizo fue reformar el Consejo de la Inquisición, aumentando el número de consejeros de cinco a siete. En segundo lugar, se amplió el número de tribunales por todo el territorio, incluyendo América, haciendo especial hincapié en la vigilancia constante de la población; es la época de las denuncias entre particulares a través de los llamados “familiares” del Santo Oficio. También se reformó la hacienda de la Inquisición, haciendo que los diferentes tribunales percibieran ingresos de cada iglesia o colegiata, permitiendo así la autonomía económica de cada uno de ellos. Quizá lo más importante fue la redacción de las Instrucciones Nuevas por el inquisidor general Fernando de Valdés en 1561, las cuales permitieron poner la religión al servicio político de la monarquía hispánica.^[13]

Pero, a pesar de tratarse de una época dorada para la Inquisición, estas reformas de Felipe II trajeron consigo una importante oposición el nuevo sistema por parte de la nobleza e, incluso, de las órdenes religiosas. Los moriscos fueron uno de los grupos más castigados debido a la Pragmática Sanción de 1567, la cual pretendía acabar con la identidad cultural y religiosa de los musulmanes conversos que quedaban en España. Las voces contra estos cambios no surgieron únicamente en el territorio nacional sino que en Europa también surgieron opiniones contrarias.^[14]

La situación llegó a tal punto que religión y política se convirtieron en una causa única para Felipe II. Ejemplo de ello fue el envío del duque de Alba a Flandes en 1567 con el objetivo de pacificar la zona y acabar con la revuelta iconoclasta en la que los protestantes estaban saqueando iglesias católicas, dicha revuelta se desató debido a la negativa de Felipe II de permitir la libertad de culto. Concebida como una operación de castigo, el duque de Alba estableció el llamado “tribunal de la sangre” en los Países Bajos, el cual operaba como se del Santo Oficio se tratase, llegando a procesar a casi 12.000 personas y ejecutar a más de un millar.^[15]

A pesar de la fuerte convicción religiosa de Felipe II y de la reforma inquisitorial gracias a las Instrucciones Nuevas de Fernando de Valdés, durante los 42 años de reinado se nota un importante descenso respecto a las víctimas procesadas por el Santo Oficio. En la ciudad de Sevilla tenemos constancia de un total de 21 autos de fe en los que murieron, aproximadamente, unas 150 personas.^[16] Si cambiamos la perspectiva hacia todo el territorio, incluyendo las colonias, hablaríamos de de 5048 quemados, 2524 quemados en efigie y 26.240 penitenciados, haciendo un total de 33.812 procesos durante el reinado de Felipe II, la mayoría de ellos por protestantes o moriscos.^[17] Estos datos nos indican que, a pesar de vivir una época dorada a nivel institucional, la Inquisición española había comenzado un lento descenso que se acusaría, sobre todo, con la llegada de Felipe V en el año 1700.

• FELIPE III

El reinado de Felipe III, en términos inquisitoriales, es bastante menos prolífico que el de su abuelo o su padre. De hecho, el gobierno del joven rey estuvo únicamente marcado, respecto a lo que nos interesa en este estudio, por una reforma general de todos los consejos -incluyendo el de la Inquisición, con la introducción a perpetuidad de un miembro de la Orden de Santo Domingo en él- y por la expulsión de los moriscos.^[18]

Antes comentábamos que con Carlos I se abandonó, en parte, la persecución de los judeoconversos para centrarse en los protestantes. Su hijo, Felipe II, seguiría centrado en la lucha contra los herejes protestantes y se enfocaría también en los moriscos a raíz de la Rebelión de las Alpujarras. Con Felipe III se pondrá fin al problema morisco con la expulsión de los mismos en 1609. Los musulmanes en España fueron una de las comunidades más castigadas debido a los bautizos apresurados y en masa a finales del siglo XV, aunque no fueron en ningún momento tan perseguidos como los judíos. Una vez estuvo solucionado el “problema judeoconverso”, la atención se centró en estos moriscos, que corrieron la misma suerte que los judíos de 1492 debido a que su población aumentaba porcentualmente más que la cristiana. De la Península Ibérica se expulsó, prácticamente, a la totalidad de la población morisca, haciendo que la economía de ciudades como Valencia, Zaragoza o Toledo perdiesen tanta población que se sumieron en una verdadera ruina productiva y económica. Esto no sólo afectó a la economía de las ciudades sino también a la propia Inquisición, cuyos tribunales de Valencia y Zaragoza entraron en bancarrota al no encontrar bienes que confiscar en los procesos; no había, literalmente, a quién denunciar.^[19]

Durante el reinado de Felipe III hubo alrededor de 9 autos de fe en la ciudad de Sevilla, pero no se sabe con exactitud debido a la poca importancia de algunos de ellos y a la destrucción de gran parte de los archivos de la Inquisición durante el siglo XIX.^[20] En todo el territorio, murieron en la hoguera aproximadamente un total de 1840 personas, se quemaron 1036 en estatua y hubo alrededor de 13.238 penitenciados en toda España, haciendo un cómputo global de 16.124 procesos durante los 23 años de reinado de Felipe III. Estos datos reflejan un importante descenso de la actividad del Santo Oficio, pues calculamos unos 80 quemados al año, dato inferior al de su padre Felipe II con 120 quemados al año o al de su abuelo, Carlos I, con 132 quemados al año.^[21][22] Dicho descenso tiene su explicación; la Inquisición estaba realizando su trabajo y cada vez quedaban menos “herejes” en territorio español. Pero también tiene su contrapartida; los tribunales recibían menos ingresos en materia de confiscación de bienes, reduciendo así su potencial económico y humano. Con la muerte de Felipe III había comenzado, pues, la larga agonía de la Inquisición.

• FELIPE IV y CARLOS II

Los reinados de Felipe IV y Carlos II pueden considerarse más bien estériles en relación al Santo Oficio. Hubo un importante giro en la fijación de la institución, que ahora comenzaría a mirar hacia los intelectuales, los cuales debían buscar protección en clérigos y nobles afines, haciendo que su número se redujera considerablemente en los territorios hispánicos y que la revolución científica llegase con sumo retraso. La totalidad del siglo XVII fue un período dominado por la escolástica y la superstición. Muchos intelectuales que no encontraron protección tuvieron que exiliarse a otros países en los que la Inquisición únicamente era un vago recuerdo del medievo y no una realidad contemporánea a ellos mismos. Para hacernos una idea, y a modo de ejemplo, en la enseñanza, disciplinas como la dialéctica, las matemáticas o las lenguas orientales estaban prohibidas en los territorios españoles.