La Inquisición española en tiempos de Felipe V

El cambio de dinastía en la monarquía hispánica fue crucial para el Tribunal del Santo Oficio, a pesar de que determinados autores consideren que dicha institución permaneció prácticamente inalterada desde 1700 hasta la llegada de Napoleón a la Península Ibérica.[1] Lo cierto es que, con la llegada de Felipe de Anjou -en adelante Felipe V-, se introdujeron tímidamente pensamientos ilustrados que cuestionarían la Inquisición paulatinamente, con su máximo exponente durante el reinado de Carlos III. A pesar de que Felipe V era consciente de la importante arma política y religiosa que constituía el Santo Oficio, este inició un proceso de liquidación a través de la, práctica, indiferencia hacia la Inquisición. El nuevo rey se centró más en fundar instituciones dedicadas a las ciencias o las letras que en dar cobijo a aquellas herméticas y cuestionables. Con el cambio de los Austrias a los Borbones se acusa una importante pérdida de influencia, sobre todo con la reforma de los Consejos, que pasarían a un segundo plano en favor de las Secretarías de Estado. La falta de objetivos, al margen de los intelectuales ilustrados, hizo que perdiese mucho poder y notoriedad en el día a día.[2]

Representación calcográfica de Felipe V en la obra “Crisol de la española lealtad: por la religion, por la ley, por el Rey y por la patria que ofrece y dedica el coronel de infanteria española reformado D. Thomas de Puga y Rojas” (1708). Biblioteca Nacional de España (Madrid, España).

Con la llegada de Felipe V, y a partir de su reinado, la Inquisición española se centró sobre todo en la censura y prohibición de libros. Esto no quiere decir que no se siguiesen realizando autos de fe, pero la importancia de ellos, así como el número de víctimas, decayó notablemente debido a la llegada de los monarcas de origen francés al trono hispánico. Así pues, y pese a su evidente decadencia, la Inquisición no fue tratando exclusivamente asuntos religiosos, sino que comenzó a abarcar asuntos de moralidad pública y censura de libros u obras de arte. Esto suponía la intromisión en la vida privada de los individuos de los territorios hispánicos más allá del aspecto meramente religioso.[3]

Felipe V estuvo casi la mitad del siglo XVIII reinando de una forma u otra, y fue a él a quién le tocó lidiar en la pugna de competencias con el Papa y la Iglesia Católica. Este siglo se caracterizó por una mayor independencia de las monarquías al respecto de Roma, y una de ellas fue precisamente la hispánica.[4] En esta ecuación entraba también el Santo Oficio, el cual miraba con recelo al nuevo monarca debido a la indiferencia de este hacia una institución que había vivido una época dorada, desde el punto de vista de la monarquía, con los Austrias. España, a pesar de ser una sociedad cerrada con respecto a otros países de Europa, estaba cambiando poco a poco y el pionero de ello fue precisamente Felipe V.

Sevilla en 1726, durante el reinado de Felipe V. Rijksmuseum (Ámsterdam, Países Bajos).

Durante su reinado, que se extiende durante casi 46 años, se celebraron 7 autos de fe en la ciudad de Sevilla, quizá la más popular de todas y donde la Inquisición tenía más arraigo, pero la mayoría de casos fueron relajaciones en estatua, reconciliados y penitenciados.[5] En el resto de territorios se llegaron a quemar, aproximadamente,[6] a entre 1600 y 1650 personas, a unas 760 en efigie y 9120 penitenciados, haciendo un total de unos 11.500 procesos que nos aportan una media de 35 quemados al año[7]. Cifras considerablemente inferiores a las de Felipe III, Felipe II o, sobre todo, Carlos I.

El rey Felipe V, a pesar de reinar durante casi medio siglo, no atacó directamente a la Inquisición en ningún momento. Fue, como se ha expuesto anteriormente, una relación de indiferencia y desidia hacia una institución que ni siquiera existía en Francia. De hecho, llegó a rechazar asistir a un auto de fe realizado en su honor y durante su reinado acabó definitivamente la persecución contra los conversos en 1720.[8] Felipe V es importante porque con él comienza un declive considerablemente más acelerado que con los Austrias, quienes estaban plenamente convencidos de la eficacia e importancia del Santo Oficio para lograr una ortodoxia social, política y religiosa.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Henry Kamen. La Inquisición española (Barcelona 1979). p. 265.

[2] Fernando Peña Rambla. La Inquisición española en las Cortes de Cádiz (Castellón de la Plana 2016). pp. 20-22.

[3] Antonio Peñafiel Ramón. “Inquisición y moralidad pública en la España del siglo XVIII”, Revista de la Inquisición, 5 (1996). p. 293-295.

[4] Fernando Peña Rambla. La Inquisición española en las Cortes de Cádiz (Castellón de la Plana 2016). p. 27.

[5] José María Montero de Espinosa. Relación histórica de la judería de Sevilla (Sevilla 2009). pp. 123-153.

[6] Gran parte de la documentación sobre la Inquisición y sus autos de fe se perdió a lo largo del siglo XIX con la llegada de Napoleón Bonaparte, la Guerra de Independencia y la independencia de las colonias americanas.

[7] José María Montero de Espinosa. Relación histórica de la judería de Sevilla (Sevilla 2009). pp. 189-190.

[8] Henry Kamen. La Inquisición española (Barcelona 1979). p. 241.

La Inquisición española en tiempos de los Austrias

Los Austrias siempre se mantuvieron favorables al Santo Oficio e incluso, en parte, llegaron a fortalecerlo. Fueron conscientes de la importante herramienta político-religiosa que suponía un tribunal de estas características en el contexto histórico del que fueron partícipes. Bien es cierto que Carlos I, ajeno en un inicio, llegó a cuestionar las competencias de la Inquisición pero, finalmente, se valió de ella y la transformó como arma en su lucha contra el protestantismo. Felipe II cambió el foco hacia la lucha contra los moriscos en territorio nacional con el objetivo de lograr la unidad religioso-cultural en la península. Por su parte, Felipe III culminó la empresa de su padre expulsando definitivamente a los moriscos gracias a la importante herramienta que suponía la Inquisición. Pero, durante la época de los Austrias -mayores y menores-, el Tribunal estuvo fuertemente cuestionado a nivel social debido, sobre todo, a una constante mutación de los objetivos del mismo que atendía, en muchas ocasiones, más a principios económicos y sociales que religiosos. La corrupción de la Inquisición entre los siglos XVI y XVIII era algo palpable en la España del momento, y no fueron pocas las voces que se alzaron, tímidamente eso sí, contra los constantes atropellos y el holocausto que generó dicha institución.

  • CARLOS I

Con la muerte de Fernando el Católico, Carlos de Habsburgo, hijo de Juana y Felipe, accedió al trono de España en 1516. A pesar de su incontestable fe católica, el reinado de Carlos I estuvo marcado por constantes enfrentamientos con el Papa, así como con la propia Inquisición, a pesar de que su abuelo le pidiese en el testamento que conservase, por todos los medios, el Tribunal del Santo Oficio. Pero en cuanto el joven rey llegó a España, en las Cortes de febrero de 1518 en Valladolid, no fueron pocas las voces que le pidieron una importante reforma de la, por entonces, joven institución. La petición no consistía en la supresión del Tribunal sino en adecuarlo al derecho común y los sagrados cánones.[1] [2]

Carlos I, de acuerdo en un inicio con lo propuesto por una buena parte de los diputados de las Cortes, redactó una extensa y avanzada pragmática sanción en la que establecía unos derechos mínimos para los reos del Santo Oficio. Estas novedades incluían el traslado de los presos a cárceles abiertas en las que pudiesen recibir visitas, tener derecho a un letrado para la defensa, tener conocimiento de las acusaciones y los nombres de los denunciantes, asistir a misa, regular el uso del tormento o evitar la confiscación de bienes antes de ser juzgados. En definitiva, esta pragmática de Carlos I buscaba evitar los graves abusos ejercidos por la Inquisición hasta el momento y regularla en la medida de lo posible. Sin embargo, dicha pragmática nunca fue publicada, pues Adriano de Utrecht, inquisidor general y maestro del rey, llegó a persuadirlo para que evitase enemistarse con el clero y con el propio pueblo.[3] [4] Aunque no llegase a hacerse efectivo, este acto de Carlos I refleja que el rey no coincidía con los procedimientos inquisitoriales y muestra un primer rechazo oficial hacia el Tribunal del Santo Oficio.

Todo esto chocaba directamente con la posterior actuación de Carlos I a raíz de las Cortes de Zaragoza en mayo de 1518. Es bien sabido que en Aragón la Inquisición nunca fue plenamente aceptada debido a que los aragoneses ya conocían en qué consistía dicha institución. Por ello, a la llegada del rey a las Cortes de Zaragoza, los diputados aragoneses le propusieron prácticamente lo mismo que los castellanos respecto a la Inquisición. En este caso, Carlos firmó sin intención de aceptar, revocando casi inmediatamente su decisión. Pero Juan Prat, notario de las Cortes, envió la documentación a Roma para su aprobación, ante lo cual la Inquisición lo detuvo en cuanto las Cortes se disolvieron en 1519. El Papa León X, atento a lo ocurrido en Aragón, expidió tres breves cuyo objetivo era reformar la Inquisición en España, pero Carlos I se negó a aceptar dichos breves y los revocó. Los aragoneses, finalmente, aceptarían la liberación de Juan Prat, sin poder conseguir la reforma de la Inquisición. Esta misma situación se iría dando a lo largo de todo el reinado de Carlos I en las diferentes Cortes celebradas, sin llegar a conseguirse jamás la ansiada reforma.[5] [6]

Esto nos puede hacer pensar que el rey-emperador Carlos acabó asimilando el Santo Oficio a pesar de que un inicio pretendiese su reforma. La tutela de Adriano de Utrecht, inquisidor general y posteriormente Papa, influyó decisivamente en la opinión del rey, el cual vio en la Inquisición un instrumento sumamente útil. Carlos I lo que hace es darle un giro de 180 grados a la institución y enfocarla directamente a la lucha contra el protestantismo, abandonando casi al completo la fijación hacia los ya judeoconversos. Se inicia así una pugna entre el Papa Clemente VII y Carlos I con el objetivo de reivindicar, como cabeza visible y guía, la defensa del catolicismo en Europa.[7] Sin embargo, a pesar de que el rey era consciente de la utilidad de una herramienta como el Santo Oficio, también era consciente de que generaba numerosos recelos entre la población, tanto de Castilla como de Aragón. Así pues, tuvo que llegar a suspender la actividad de la institución entre 1535 y 1545 debido a las numerosas protestas que ese estaban sucediendo en la península.[8]

Carlos V a caballo en Mühlberg por Tiziano (1548). Museo Nacional del Prado (Madrid, España).

El giro de timón hacia el luteranismo, y otras formas de herejía como el erasmismo o los alumbrados, así como los problemas en las Cortes, no implicaron un descenso en la actividad inquisitorial durante el reinado de Carlos I. Tenemos constancia de la celebración de, al menos, ocho importantes autos de fe en la ciudad de Sevilla[9] en la que, como hemos dicho, se encontraba el tribunal más célebre y activo de todos. Aunque no tenemos datos exactos relativos a las víctimas de todos los tribunales de España durante el reinado de Carlos I, sí que tenemos una aproximación que se puede tener en cuenta. Así pues, entre 1516 y 1556, fueron quemados en España un total de 5290 personas, en efigie 2981 y penitenciados 52.321, haciendo un total de 60.592 casos de acusados bien por judaizantes, por protestantes o por heréticos.[10] Vemos, por tanto, que desde 1516 hasta 1556 el Tribunal de la Inquisición mantiene, e incluso aumenta, su actividad viviendo casi una época “dorada” en lo que a autos de fe, confiscaciones y víctimas se refiere. Se dice que Carlos I, ya retirado en Yuste, se lamentaba de no haber recortado y reformado las competencias de la Inquisición en su llegada a España en 1518.[11]

  • FELIPE II

Su hijo, Felipe II, reinó desde 1556 hasta su muerte en 1598. Estos años se conocen como los más oscuros de la Inquisición española, si Carlos I había dado un giro hacia la lucha contra los protestantes, Felipe II divide esta lucha dogmática en protestantes y moriscos, debido a la rebelión en las Alpujarras. Fue el soberano que más empeño puso en reforzar la Inquisición, pues la convirtió en uno de los más importantes brazos armados de sus territorios.[12]

Felipe II impuso un férreo e intransigente sistema de ideas y creencias a toda la sociedad hispánica cuyo brazo ejecutor fue el Santo Oficio. Para llevar a cabo todo este proceso centralista y ortodoxo, Felipe II y sus ministros iniciaron una serie de reformas en la Inquisición que perduraron hasta la desaparición de la misma en 1834. Lo primero que se hizo fue reformar el Consejo de la Inquisición, aumentando el número de consejeros de cinco a siete. En segundo lugar, se amplió el número de tribunales por todo el territorio, incluyendo América, haciendo especial hincapié en la vigilancia constante de la población; es la época de las denuncias entre particulares a través de los llamados “familiares” del Santo Oficio. También se reformó la hacienda de la Inquisición, haciendo que los diferentes tribunales percibieran ingresos de cada iglesia o colegiata, permitiendo así la autonomía económica de cada uno de ellos. Quizá lo más importante fue la redacción de las Instrucciones Nuevas por el inquisidor general Fernando de Valdés en 1561, las cuales permitieron poner la religión al servicio político de la monarquía hispánica.[13]

Pero, a pesar de tratarse de una época dorada para la Inquisición, estas reformas de Felipe II trajeron consigo una importante oposición el nuevo sistema por parte de la nobleza e, incluso, de las órdenes religiosas. Los moriscos fueron uno de los grupos más castigados debido a la Pragmática Sanción de 1567, la cual pretendía acabar con la identidad cultural y religiosa de los musulmanes conversos que quedaban en España. Las voces contra estos cambios no surgieron únicamente en el territorio nacional sino que en Europa también surgieron opiniones contrarias.[14]

La situación llegó a tal punto que religión y política se convirtieron en una causa única para Felipe II. Ejemplo de ello fue el envío del duque de Alba a Flandes en 1567 con el objetivo de pacificar la zona y acabar con la revuelta iconoclasta en la que los protestantes estaban saqueando iglesias católicas, dicha revuelta se desató debido a la negativa de Felipe II de permitir la libertad de culto. Concebida como una operación de castigo, el duque de Alba estableció el llamado “tribunal de la sangre” en los Países Bajos, el cual operaba como se del Santo Oficio se tratase, llegando a procesar a casi 12.000 personas y ejecutar a más de un millar.[15]

Auto de fe en Valladolid, 1558. Rijksmuseum (Ámsterdam, Países Bajos).

A pesar de la fuerte convicción religiosa de Felipe II y de la reforma inquisitorial gracias a las Instrucciones Nuevas de Fernando de Valdés, durante los 42 años de reinado se nota un importante descenso respecto a las víctimas procesadas por el Santo Oficio. En la ciudad de Sevilla tenemos constancia de un total de 21 autos de fe en los que murieron, aproximadamente, unas 150 personas.[16] Si cambiamos la perspectiva hacia todo el territorio, incluyendo las colonias, hablaríamos de de 5048 quemados, 2524 quemados en efigie y 26.240 penitenciados, haciendo un total de 33.812 procesos durante el reinado de Felipe II, la mayoría de ellos por protestantes o moriscos.[17] Estos datos nos indican que, a pesar de vivir una época dorada a nivel institucional, la Inquisición española había comenzado un lento descenso que se acusaría, sobre todo, con la llegada de Felipe V en el año 1700.

  • FELIPE III

El reinado de Felipe III, en términos inquisitoriales, es bastante menos prolífico que el de su abuelo o su padre. De hecho, el gobierno del joven rey estuvo únicamente marcado, respecto a lo que nos interesa en este estudio, por una reforma general de todos los consejos -incluyendo el de la Inquisición, con la introducción a perpetuidad de un miembro de la Orden de Santo Domingo en él- y por la expulsión de los moriscos.[18]

Antes comentábamos que con Carlos I se abandonó, en parte, la persecución de los judeoconversos para centrarse en los protestantes. Su hijo, Felipe II, seguiría centrado en la lucha contra los herejes protestantes y se enfocaría también en los moriscos a raíz de la Rebelión de las Alpujarras. Con Felipe III se pondrá fin al problema morisco con la expulsión de los mismos en 1609. Los musulmanes en España fueron una de las comunidades más castigadas debido a los bautizos apresurados y en masa a finales del siglo XV, aunque no fueron en ningún momento tan perseguidos como los judíos. Una vez estuvo solucionado el “problema judeoconverso”, la atención se centró en estos moriscos, que corrieron la misma suerte que los judíos de 1492 debido a que su población aumentaba porcentualmente más que la cristiana. De la Península Ibérica se expulsó, prácticamente, a la totalidad de la población morisca, haciendo que la economía de ciudades como Valencia, Zaragoza o Toledo perdiesen tanta población que se sumieron en una verdadera ruina productiva y económica. Esto no sólo afectó a la economía de las ciudades sino también a la propia Inquisición, cuyos tribunales de Valencia y Zaragoza entraron en bancarrota al no encontrar bienes que confiscar en los procesos; no había, literalmente, a quién denunciar.[19]

Felipe III por Juan Pantoja de la Cruz (Siglo XVII). Museo Nacional del Prado (Madrid, España).

Durante el reinado de Felipe III hubo alrededor de 9 autos de fe en la ciudad de Sevilla, pero no se sabe con exactitud debido a la poca importancia de algunos de ellos y a la destrucción de gran parte de los archivos de la Inquisición durante el siglo XIX.[20] En todo el territorio, murieron en la hoguera aproximadamente un total de 1840 personas, se quemaron 1036 en estatua y hubo alrededor de 13.238 penitenciados en toda España, haciendo un cómputo global de 16.124 procesos durante los 23 años de reinado de Felipe III. Estos datos reflejan un importante descenso de la actividad del Santo Oficio, pues calculamos unos 80 quemados al año, dato inferior al de su padre Felipe II con 120 quemados al año o al de su abuelo, Carlos I, con 132 quemados al año.[21][22] Dicho descenso tiene su explicación; la Inquisición estaba realizando su trabajo y cada vez quedaban menos “herejes” en territorio español. Pero también tiene su contrapartida; los tribunales recibían menos ingresos en materia de confiscación de bienes, reduciendo así su potencial económico y humano. Con la muerte de Felipe III había comenzado, pues, la larga agonía de la Inquisición.

  • FELIPE IV y CARLOS II

Los reinados de Felipe IV y Carlos II pueden considerarse más bien estériles en relación al Santo Oficio. Hubo un importante giro en la fijación de la institución, que ahora comenzaría a mirar hacia los intelectuales, los cuales debían buscar protección en clérigos y nobles afines, haciendo que su número se redujera considerablemente en los territorios hispánicos y que la revolución científica llegase con sumo retraso. La totalidad del siglo XVII fue un período dominado por la escolástica y la superstición. Muchos intelectuales que no encontraron protección tuvieron que exiliarse a otros países en los que la Inquisición únicamente era un vago recuerdo del medievo y no una realidad contemporánea a ellos mismos. Para hacernos una idea, y a modo de ejemplo, en la enseñanza, disciplinas como la dialéctica, las matemáticas o las lenguas orientales estaban prohibidas en los territorios españoles.

BIBLIOGRAFÍA


[1] Juan Antonio Llorente. Memoria Histórica sobre qual ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición (Valladolid 2002). pp. 156-158.

[2] José Martínez Millán. La Inquisición española (Madrid 2009). pp. 94-96.

[3] Henry Kamen. La Inquisición española (Barcelona 1979). pp. 69-70.

[4] Juan Antonio Llorente. Memoria Histórica sobre qual ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición (Valladolid 2002). pp. 160-184.

[5] Juan Antonio Llorente. Memoria Histórica sobre qual ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición (Valladolid 2002). pp. 195-244.

[6] Henry Kamen. La Inquisición española (Barcelona 1979). pp. 71-73.

[7] José Martínez Millán. La Inquisición española (Madrid 2009). pp. 97-102.

[8] Fernando Peña Rambla. La Inquisición en las Cortes de Cádiz (Castellón de la Plana 2016). p. 82.

[9] José María Montero de Espinosa. Relación histórica de la judería de Sevilla (Sevilla 2009). pp. 72-86.

[10] José María Montero de Espinosa. Relación histórica de la judería de Sevilla (Sevilla 2009). pp. 185-187.

[11] Juan Antonio Llorente. Memoria Histórica sobre qual ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición (Valladolid 2002). p. 247.

[12] Antonio Domínguez Ortiz. Autos de la Inquisición de Sevilla (Sevilla 1994). p. 77.

[13] José Martínez Millán. La Inquisición española (Madrid 2009). pp. 124-132.

[14] José Martínez Millán. La Inquisición española (Madrid 2009). pp. 144-153.

[15] Jesús Villanueva López. “El tribunal de la sangre”, Historia National Geographic, 157 (enero de 2017). pp. 86-102.

[16] José María Montero de Espinosa. Relación histórica de la judería de Sevilla (Sevilla 2009). pp. 86-91.

[17] José María Montero de Espinosa. Relación histórica de la judería de Sevilla (Sevilla 2009). p. 187.

[18] José Martínez Millán. La Inquisición española (Madrid 2009). pp. 154-160.

[19] Henry Kamen. La Inquisición española (Barcelona 1979). pp. 117-127.

[20] Antonio Domínguez Ortiz. Autos de la Inquisición de Sevilla (Sevilla 1994). pp. 77-79.

[21] José María Montero de Espinosa. Relación histórica de la judería de Sevilla (Sevilla 2009). pp. 187-188.

[22] José Martínez Millán. La Inquisición española (Madrid 2009). pp. 300-301.

Orígenes y creación de la Inquisición española

  • ORIGEN

El enlace entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no trajo consigo en el futuro la unión de facto de ambos reinos, pero sí que propició el impulso de políticas comunes en sus territorios, como es el caso de la instauración de la nueva Inquisición. Es cierto que para el momento en el que Isabel I y Fernando II suben al trono, la Inquisición establecida en Aragón apenas contaba ya con fuerza o crédito por parte de la población, la cual había pasado página respecto a una institución que languidecía irremediablemente como en el resto de Europa.

Sin embargo, la situación de los judíos en la Península, concretamente en Castilla, se tornaba un tanto delicada desde mediados del siglo XIV. Al margen del tradicional rechazo hacia los judíos debido a las enseñanzas bíblicas o la usura, un primer testimonio respecto a dicha tensión entre cristianos y judíos lo encontramos en el asalto a la judería de Sevilla en el año 1354 debido a una supuesta blasfemia de un grupo de judíos de la ciudad con una hostia consagrada. El episodio del contador mayor de Enrique II, Juçaf Picho, no ayudó tampoco en demasía a la imagen del judío en Castilla debido a su condena a la pena capital por malversación de fondos en 1379.

Pero, quizá, el momento más tenso antes del establecimiento de la Inquisición en Castilla se dio en la villa de Écija en 1391. El arcediano de Écija, Fernando Martínez, comenzó a predicar contra los judíos debido a unos supuestos enfrentamientos entre cristianos y judíos. Dichas declaraciones originaron un duro levantamiento contra los judíos en la provincia de Sevilla el día 6 de junio, el cual se saldó con el saqueo de la judería, la ocupación de tres sinagogas de la ciudad, la conversión de una buena parte de la comunidad y la muerte de cientos de judíos, a pesar de que los diferentes autores no se ponen de acuerdo con las cifras exactas. 

Este panorama de conversiones forzosas y persecución, con la provincia de Sevilla como núcleo principal, agravó más que solucionó el “problema judío”, pues una gran parte de los mismos, reacios a adoptar la nueva fe impuesta por las autoridades cristianas, continuaron profesando su antigua religión en la intimidad o reuniones secretas, conociéndose dicho fenómeno como criptojudaísmo. El problema social y religioso fue a más, y derivó finalmente con el apartamiento de los judíos en Sevilla en el año 1478.

Sin embargo, no todo lo relativo a los judíos en Castilla se reducía a un asunto de índole religiosa, sino que bajo este pretexto se escondían realmente motivos políticos, económicos y sociales. A finales del siglo XV en Castilla y Aragón, un 1,65% del total de la población pertenecía a la nobleza o el clero, que controlaban el 97% del territorio de ambos reinos, con todo el poder político y económico que ello implica. No sólo controlaban territorio sino que también ejercían importantes cargos dentro de la administración de los Reyes Católicos. 

En todos estos preliminares de la Inquisición “nueva” los judíos juegan un importantísimo papel, y es que sin el “problema judío” quizá nunca hubiese existido una Inquisición posterior durante casi cuatro siglos. Los judíos de la Península Ibérica desempeñaban, desde el siglo XIII, oficios de mercaderes, médicos, científicos y escritores, haciendo que muchos de ellos lograsen un importante poder económico, sobre todo en el caso de aquellos que se dedicaban al comercio o la recaudación de impuestos para la corona. Esto propició que se creara una primigenia clase media monopolizada prácticamente por los judíos, a la cual los cristianos “viejos” miraban con celo, pues temían que muchos de ellos, al convertirse al cristianismo, acabaran por arrebatarles el poder al mezclarse con familias nobiliarias en apuros económicos, logrando así subir en el escalafón social e introducirse en la administración. De hecho, como bien apuntó Antonio Domínguez Ortiz,  los posteriores procesos contra judaizantes realizados por la Inquisición española fueron los más frecuentes ya que eran los únicos que dejaban dinero al Tribunal debido a la confiscación de bienes, demostrando así que, al margen del asunto religioso, tras la Inquisición existían también importantes intereses económicos.

  • ESTABLECIMIENTO DEL SANTO OFICIO

Inicialmente, Isabel y Fernando no eran partidarios de establecer la Inquisición en Castilla. De hecho, como comentamos anteriormente, esta languidecía lentamente en Aragón, por lo que no existían planes de continuar con ella ni en Aragón ni de introducirla en Castilla a pesar de los sucesos del siglo XIV. Esta situación dio un giro de 180 grados a raíz de una visita de los reyes a la ciudad de Sevilla, la cual usaremos de ejemplo durante el estudio debido al arraigo y la importancia de la Inquisición en la capital hispalense. En dicha visita, acaecida en el año 1477, clérigos y frailes de la ciudad, entre los que destacó Fray Alonso de Ojeda, informaron a los Reyes Católicos sobre el problema que existía en la ciudad entre cristianos y judíos a pesar, incluso, de las paulatinas conversiones que se fueron sucediendo años atrás. Dichos testimonios calaron profundamente en la opinión de los reyes, que pudieron ver a pie de calle el clima de tensión que se vivía en Sevilla entre los dos grupos religiosos. Atendiendo pues a las súplicas del clero, los reyes acabaron por solicitar una bula inquisitorial al Papa Sixto IV.

Sepulcro de los Reyes Católicos (Granada, España).

Estos acontecimientos se saldaron con la promulgación de la bula de 1 de noviembre de 1478 Exigit sincerae devotionis affectus por Sixto IV, en la cual se reflejaba el nombramiento de dos o tres inquisidores eclesiásticos. Además, a la corona se le otorgaba poder para nombrar y destituir inquisidores, siendo esto una total novedad en el momento, haciendo que la Inquisición no sólo fuese un arma religiosa sino también política.   El privilegio otorgado por el Papa era perpetuo, es decir, no tenía fecha de finalización y únicamente podía ser anulado con otra bula papal.

Los primeros inquisidores fueron Juan de San Martín y Miguel Morillo -al contrario de la creencia popular de que el primer inquisidor fue Tomás de Torquemada- estableciéndose el primer tribunal en la ciudad de Sevilla a finales de 1480 con el objetivo de asegurar la unidad religiosa y combatir la heterodoxia.  

En Sevilla, el establecimiento de la Inquisición resultó tremendamente traumático tanto para los grupos afectados como para las instituciones, incluyendo la corona y Roma. Los judíos que vivían en la ciudad, apartados desde 1478, vieron como poco a poco se fueron ocupando las sinagogas que existían en la ciudad, obligándolos a realizar sus actos religiosos en secreto. La ciudad se dividió en dos bandos, aquellos que estaban a favor de la Inquisición y quienes estaban en contra. Los contrarios llegaron incluso a confabular con el fin de iniciar una revuelta que tumbase la nueva institución, pero finalmente fueron desarticulados antes de comenzar. Esto motivó que se generase una persecución total contra los judíos y, ante dicho panorama, muchos de ellos -alrededor de cuatro mil según Hernando del Pulgar- optaron por el exilio de la ciudad. 

El 6 de febrero de 1481, en Sevilla, se celebró el primer auto de fe de la nueva Inquisición. Debido a la pérdida de la mayoría de documentación relativa al Tribunal del Santo Oficio, a día de hoy no tenemos toda la información deseable sobre autos de fe y otros aspectos, pero basándonos en la información recopilada por diferentes autores podemos establecer una aproximación respecto a este primer, e importante, auto de fe. Juan de Mariana estimó que en este primer auto de fe se delataron a más de 17.000 personas, de las cuales murieron en la hoguera unas 2000; un cálculo excesivo que no se correspondería en absoluto con el número de judíos existentes en la ciudad de Sevilla a finales del siglo XV. Pero teniendo en cuenta que al año siguiente únicamente murieron unos 90 reos en la hoguera podemos asegurar que las estimaciones de Mariana en su Historia de España son muy exageradas y, con toda probabilidad, hablemos de centenares relajados y no de millares.

La ciudad de Sevilla alrededor del siglo XVI. Museo de América (Madrid, España).

Lo que sí es cierto es que este primer auto de fe, con la ciudad de Sevilla como protagonista, desató el terror y originó persecuciones que se saldaron con la muerte de un gran número de judíos. Este descontrol motivó que el Papa revocase en 1482 el privilegio concedido a los Reyes Católicos y fuese él mismo quien nombrase nuevos inquisidores. Sin embargo, al año siguiente el rey Fernando consiguió que el Papa redactase una nueva bula restableciendo los privilegios originales a los reyes de Castilla y Aragón, siendo este el primer paso de la independencia de la Inquisición española respecto a la Santa Sede. 

Debido a la intransigencia del tribunal sevillano, comenzaron pronto a surgir voces contra la Inquisición, tanto de judeoconversos como de algunos cristianos viejos debido, sobre todo, al miedo por la arbitrariedad con la que actuaba el Santo Oficio. Ejemplo de ello son los episodios ocurridos en Valencia, Teruel y Zaragoza. Importantes fueron también los casos en Cataluña, Mallorca, Cerdeña, Sicilia o Nápoles, lugares en los que fue muy complicado introducir la Inquisición o en los que, directamente, fue imposible de establecer. El principal argumento esgrimido fue que los procedimientos del Tribunal del Santo Oficio iban en contra de las Sagradas Escrituras pero, realmente, el problema residía en que únicamente alrededor del 40% de las familias españolas de la época estaban seguras de no tener una sola gota de sangre judía en sus venas, por lo que el 60% restante o bien eran de origen hebreo o estaban emparentados con algún judío o judía. Estos datos, de cara a la presente tesis, nos demuestran que en España la Inquisición nunca fue plenamente aceptada por la población sino que una gran parte de los españoles de entre los siglos XV y XIX tuvieron simplemente que aprender a convivir con ella, les gustase o no. Por lo tanto, no es descabellado que pocos años después de la muerte de Fernando el Católico comenzase el lento declive del Santo Oficio hasta su extinción en la primera mitad del siglo XIX. 

Al margen de la situación social generada por la Inquisición en Sevilla -y extrapolable a otras ciudades de los reinos de Castilla y Aragón-, la nueva institución creada por Sixto IV tomó forma gracias a las instrucciones del Santo Oficio dictadas en 1484 en Sevilla por Tomás de Torquemada, célebre inquisidor general, con el objetivo de que todos los inquisidores actuasen al unísono en el ejercicio de sus funciones. Dichas instrucciones convirtieron a la Inquisición en la organización más estable de la historia de España, con una norma que duró casi cuatro siglos.

Tomás de Torquemada, Inquisidor General entre los años 1483 y 1498.

Estas instrucciones de Torquemada se complementaron con la formación sobre el año 1488 del Consejo de la Suprema y General Inquisición, presidido por el inquisidor general, el cual estaba auxiliado por el resto de integrantes. Bajo la tutela de dicho Consejo se encontraban todos los tribunales esparcidos por los reinos de Castilla y Aragón. Tenía jurisdicción temporal y, a la muerte de Isabel I, se dividió en dos: uno para Aragón y otro para Castilla.   El inquisidor general poseía jurisdicción eclesiástica privativa, es decir, poseía jurisdicción propia apostólica, en la que el rey quedaba al margen a pesar de que era el propio monarca el que elegía al inquisidor general. Precisamente, ese mismo año, según Andrés Bernáldez, se quemaron en la ciudad de Sevilla a más de 700 personas y se reconciliaron en torno 5000, lo que nos revela que el aparato de la Inquisición española estaba funcionando a pleno rendimiento con menos de una década de vida.

Una vez fundado el Consejo de la Suprema y General Inquisición se procedió a establecer los tribunales, inicialmente itinerantes, que se fueron repartiendo poco a poco por todo el territorio. Estuvieron organizados, hasta 1492, respecto a las circunscripciones diocesanas, y posteriormente acabarían agrupando a varias diócesis. 

A pesar de la persecución a la que estaban sometidos los judíos, esta comunidad resultaba sumamente rentable a la corona, pues sus miembros estaban obligados a pagar un buen número de tributos fiscales. Sin embargo, la situación llegó a tal extremo -la ciudad de Sevilla era un verdadero hervidero-, que en 1483 se redactó un edicto de expulsión de los judíos de Andalucía. A este edicto le siguió los famosos edictos de 31 de marzo de 1492 -uno para Aragón y otro para Castilla- en los que se decretaba la expulsión de los judíos de los territorios de los reinos de Castilla y Aragón, con carácter definitivo, sin excepciones y con un plazo máximo de cuatro meses. Esto no es más que la conclusión de una persecución total hacia la comunidad judía desde finales del siglo XIV, atendiendo más a motivos económicos por parte de la nobleza que, verdaderamente, religiosos, con la nueva Inquisición como telón de fondo. El texto relativo a las coronas de Castilla y Aragón, llamado Edicto de Granada, decía tal que así: “Nosotros ordenamos además en este edicto que los Judíos y Judías cualquiera edad que residan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de Julio de este año y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar de la manera que si algún Judío que no acepte este edicto si acaso es encontrado en estos dominios o regresa será culpado a muerte y confiscación de sus bienes.”  

Edicto de Granada (1492).

A raíz de estos hechos, muchos judíos comenzaron a marcharse precipitadamente de la Península Ibérica. Los datos relativos al número de personas que abandonaron el territorio no es, a día de hoy, del todo claro, pero se puede llegar a la estimación de que fueron entre 165.000 y 400.000 judíos aquellos que decidieron exiliarse, aunque hay autores que estiman la cifra en cerca de 800.000 personas.  Un testimonio de la época es la célebre carta de Chamorro, llamado príncipe de los judíos en España, a los judíos de Constantinopla, en la que decía lo siguiente: “Judíos honrados, salud i gracia: Sepades que el rei de España por pregon público nos hace volver cristianos i nos quiere quitar las haciendas i nos quita las vidas, i nos destruye nuestras sinagogas, i nos hace otras vejaciones, las cuales nos tienen confusos é inciertos de lo que debemos hacer. Por la lei de Moisen os rogamos i suplicamos tengais por bien de hacer ayuntamiento é inviarnos con toda brevedad la deliberacion que en ello habeis hecho.”

Comenzó así, por tanto, un episodio de conversiones apresuradas y forzosas entre aquellos que se querían quedar o, bien, no podían salir del territorio. Llegó incluso a existir tráfico de personas con aquellos judíos que quisieron abandonar la península. A pesar de que, como comentábamos anteriormente, no existen datos totales sobre el número de personas que abandonaron los reinos de Castilla y Aragón, sí que tenemos certeza de que la expulsión de los judíos causó graves problemas económicos en ambas coronas y que borró de un plumazo una buena parte de la clase media urbana, originando que muchos -clero, nobleza, corona- se quedasen con las propiedades y patrimonio de aquellos obligados al exilio. Como dijo el filósofo Julián Marías “la historia de España en los siglos XVI y XVII comprende un largo catálogo de errores, uno de ellos fue la confusión entre la fe religiosa y los usos sociales” y la expulsión de los judíos en 1492 no fue más que el inicio. 

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La Inquisición medieval

El término Inquisición, según la Real Academia Española, alude al Tribunal eclesiástico que inquiría y castigaba los delitos contra la fe. Y, efectivamente, estos eran los principales cometidos de las inquisiciones que se repartían por Europa durante la Baja Edad Media, las cuales no se deben confundir, aunque coincidan en determinados aspectos, con la conocida como Inquisición moderna, Inquisición española, Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición, que comenzó a finales del siglo XV en Castilla.

El germen de la Inquisición tiene su origen a finales del siglo XII con la bula papal de Lucio III Ad abolendam mediante la cual se establece un tribunal inquisitorial en Francia con el objetivo de acabar con los herejes cátaros. Pero el verdadero artífice del sistema inquisitorial medieval fue el Papa Inocencio III, que fue quien designó los primeros inquisidores en el año 1198 y sentó las bases de lo que, a comienzos del siglo XIII, era la Inquisición europea, la cual fue bien acogida entre los monarcas gracias al tremendo poder que otorgaba una institución así.   Esta primigenia Inquisición medieval permitió a los diferentes papas de Roma controlar y someter más a los obispos, por lo que fue una oportunidad dorada para reivindicar la figura del máximo responsable de la Iglesia católica.

Inocencio III (1161 – 1216).

Poco a poco, este precedente iniciado por Lucio III iría tejiendo su tela de araña por muchos territorios de la Europa católica de los siglos XIII, XIV y XV, entre los que se encontraban las monarquías de Francia, Aragón, las ciudades del norte de Italia y el Imperio. Con el Papa Gregorio IX se daría el paso definitivo en 1231 hacia una Inquisición personalista a través de la bula Excommunicamus, estableciendo un sistema de tribunales itinerantes compuestos por inquisidores que eran jueces y delegados del propio Papa. Este nuevo modelo sembró el terror por aquellos territorios por los que se había distribuido debido a su sistema de denuncias, torturas, multas y confiscación de bienes.

Gregorio IX (1145 – 1241).

Esta Inquisición medieval, reformada por los papas Inocencio III y Gregorio IX, tendría su período de mayor actividad entre los siglos XIII y XIV, decayendo su virulencia en toda Europa a partir del siglo XV. 

En la Península Ibérica la Inquisición medieval únicamente se estableció en el reino de Aragón entre los años 1232 y 1242, pues en Castilla los delitos contra la fe estaban encomendados a los obispos. Autores como Juan Antonio Llorente sitúan la creación del tribunal de Aragón en el año 1232 a través del Papa Gregorio IX por mediación de Raimundo de Peñafort. Otros, como Henry Kamen, aseguran que dicho tribunal se creó en el año 1238 y muchos consideran establecida definitivamente dicha Inquisición en el año 1242, cuando se reguló finalmente el reglamento de la misma en el ecuador del reinado de Jaime I de Aragón.  

La Inquisición aragonesa poco tuvo que ver con la futura Inquisición castellana o española. Se trataba de un tribunal prácticamente idéntico al que existía en Francia, norte de Italia o el Imperio. Dominada por los dominicos, esta Inquisición medieval juzgaba la herejía dentro y fuera del clero sin llegar a inmiscuirse en otros asuntos de la vida diaria de los súbditos del reino de Aragón. De hecho, al igual que en el resto de Europa, a finales del siglo XV dicha Inquisición apenas tenía relevancia y se consideraba prácticamente obsoleta a la llegada de los Reyes Católicos al trono en  1474 y 1479.

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