• ORIGEN

El enlace entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no trajo consigo en el futuro la unión de facto de ambos reinos, pero sí que propició el impulso de políticas comunes en sus territorios, como es el caso de la instauración de la nueva Inquisición. Es cierto que para el momento en el que Isabel I y Fernando II suben al trono, la Inquisición establecida en Aragón apenas contaba ya con fuerza o crédito por parte de la población, la cual había pasado página respecto a una institución que languidecía irremediablemente como en el resto de Europa.

Sin embargo, la situación de los judíos en la Península, concretamente en Castilla, se tornaba un tanto delicada desde mediados del siglo XIV. Al margen del tradicional rechazo hacia los judíos debido a las enseñanzas bíblicas o la usura, un primer testimonio respecto a dicha tensión entre cristianos y judíos lo encontramos en el asalto a la judería de Sevilla en el año 1354 debido a una supuesta blasfemia de un grupo de judíos de la ciudad con una hostia consagrada. El episodio del contador mayor de Enrique II, Juçaf Picho, no ayudó tampoco en demasía a la imagen del judío en Castilla debido a su condena a la pena capital por malversación de fondos en 1379.

Pero, quizá, el momento más tenso antes del establecimiento de la Inquisición en Castilla se dio en la villa de Écija en 1391. El arcediano de Écija, Fernando Martínez, comenzó a predicar contra los judíos debido a unos supuestos enfrentamientos entre cristianos y judíos. Dichas declaraciones originaron un duro levantamiento contra los judíos en la provincia de Sevilla el día 6 de junio, el cual se saldó con el saqueo de la judería, la ocupación de tres sinagogas de la ciudad, la conversión de una buena parte de la comunidad y la muerte de cientos de judíos, a pesar de que los diferentes autores no se ponen de acuerdo con las cifras exactas. 

Este panorama de conversiones forzosas y persecución, con la provincia de Sevilla como núcleo principal, agravó más que solucionó el “problema judío”, pues una gran parte de los mismos, reacios a adoptar la nueva fe impuesta por las autoridades cristianas, continuaron profesando su antigua religión en la intimidad o reuniones secretas, conociéndose dicho fenómeno como criptojudaísmo. El problema social y religioso fue a más, y derivó finalmente con el apartamiento de los judíos en Sevilla en el año 1478.

Sin embargo, no todo lo relativo a los judíos en Castilla se reducía a un asunto de índole religiosa, sino que bajo este pretexto se escondían realmente motivos políticos, económicos y sociales. A finales del siglo XV en Castilla y Aragón, un 1,65% del total de la población pertenecía a la nobleza o el clero, que controlaban el 97% del territorio de ambos reinos, con todo el poder político y económico que ello implica. No sólo controlaban territorio sino que también ejercían importantes cargos dentro de la administración de los Reyes Católicos. 

En todos estos preliminares de la Inquisición “nueva” los judíos juegan un importantísimo papel, y es que sin el “problema judío” quizá nunca hubiese existido una Inquisición posterior durante casi cuatro siglos. Los judíos de la Península Ibérica desempeñaban, desde el siglo XIII, oficios de mercaderes, médicos, científicos y escritores, haciendo que muchos de ellos lograsen un importante poder económico, sobre todo en el caso de aquellos que se dedicaban al comercio o la recaudación de impuestos para la corona. Esto propició que se creara una primigenia clase media monopolizada prácticamente por los judíos, a la cual los cristianos “viejos” miraban con celo, pues temían que muchos de ellos, al convertirse al cristianismo, acabaran por arrebatarles el poder al mezclarse con familias nobiliarias en apuros económicos, logrando así subir en el escalafón social e introducirse en la administración. De hecho, como bien apuntó Antonio Domínguez Ortiz,  los posteriores procesos contra judaizantes realizados por la Inquisición española fueron los más frecuentes ya que eran los únicos que dejaban dinero al Tribunal debido a la confiscación de bienes, demostrando así que, al margen del asunto religioso, tras la Inquisición existían también importantes intereses económicos.

• ESTABLECIMIENTO DEL SANTO OFICIO

Inicialmente, Isabel y Fernando no eran partidarios de establecer la Inquisición en Castilla. De hecho, como comentamos anteriormente, esta languidecía lentamente en Aragón, por lo que no existían planes de continuar con ella ni en Aragón ni de introducirla en Castilla a pesar de los sucesos del siglo XIV. Esta situación dio un giro de 180 grados a raíz de una visita de los reyes a la ciudad de Sevilla, la cual usaremos de ejemplo durante el estudio debido al arraigo y la importancia de la Inquisición en la capital hispalense. En dicha visita, acaecida en el año 1477, clérigos y frailes de la ciudad, entre los que destacó Fray Alonso de Ojeda, informaron a los Reyes Católicos sobre el problema que existía en la ciudad entre cristianos y judíos a pesar, incluso, de las paulatinas conversiones que se fueron sucediendo años atrás. Dichos testimonios calaron profundamente en la opinión de los reyes, que pudieron ver a pie de calle el clima de tensión que se vivía en Sevilla entre los dos grupos religiosos. Atendiendo pues a las súplicas del clero, los reyes acabaron por solicitar una bula inquisitorial al Papa Sixto IV.

Sepulcro de los Reyes Católicos (Granada, España).

Estos acontecimientos se saldaron con la promulgación de la bula de 1 de noviembre de 1478 Exigit sincerae devotionis affectus por Sixto IV, en la cual se reflejaba el nombramiento de dos o tres inquisidores eclesiásticos. Además, a la corona se le otorgaba poder para nombrar y destituir inquisidores, siendo esto una total novedad en el momento, haciendo que la Inquisición no sólo fuese un arma religiosa sino también política.   El privilegio otorgado por el Papa era perpetuo, es decir, no tenía fecha de finalización y únicamente podía ser anulado con otra bula papal.

Los primeros inquisidores fueron Juan de San Martín y Miguel Morillo -al contrario de la creencia popular de que el primer inquisidor fue Tomás de Torquemada- estableciéndose el primer tribunal en la ciudad de Sevilla a finales de 1480 con el objetivo de asegurar la unidad religiosa y combatir la heterodoxia.  

En Sevilla, el establecimiento de la Inquisición resultó tremendamente traumático tanto para los grupos afectados como para las instituciones, incluyendo la corona y Roma. Los judíos que vivían en la ciudad, apartados desde 1478, vieron como poco a poco se fueron ocupando las sinagogas que existían en la ciudad, obligándolos a realizar sus actos religiosos en secreto. La ciudad se dividió en dos bandos, aquellos que estaban a favor de la Inquisición y quienes estaban en contra. Los contrarios llegaron incluso a confabular con el fin de iniciar una revuelta que tumbase la nueva institución, pero finalmente fueron desarticulados antes de comenzar. Esto motivó que se generase una persecución total contra los judíos y, ante dicho panorama, muchos de ellos -alrededor de cuatro mil según Hernando del Pulgar- optaron por el exilio de la ciudad. 

El 6 de febrero de 1481, en Sevilla, se celebró el primer auto de fe de la nueva Inquisición. Debido a la pérdida de la mayoría de documentación relativa al Tribunal del Santo Oficio, a día de hoy no tenemos toda la información deseable sobre autos de fe y otros aspectos, pero basándonos en la información recopilada por diferentes autores podemos establecer una aproximación respecto a este primer, e importante, auto de fe. Juan de Mariana estimó que en este primer auto de fe se delataron a más de 17.000 personas, de las cuales murieron en la hoguera unas 2000; un cálculo excesivo que no se correspondería en absoluto con el número de judíos existentes en la ciudad de Sevilla a finales del siglo XV. Pero teniendo en cuenta que al año siguiente únicamente murieron unos 90 reos en la hoguera podemos asegurar que las estimaciones de Mariana en su Historia de España son muy exageradas y, con toda probabilidad, hablemos de centenares relajados y no de millares.

La ciudad de Sevilla alrededor del siglo XVI. Museo de América (Madrid, España).

Lo que sí es cierto es que este primer auto de fe, con la ciudad de Sevilla como protagonista, desató el terror y originó persecuciones que se saldaron con la muerte de un gran número de judíos. Este descontrol motivó que el Papa revocase en 1482 el privilegio concedido a los Reyes Católicos y fuese él mismo quien nombrase nuevos inquisidores. Sin embargo, al año siguiente el rey Fernando consiguió que el Papa redactase una nueva bula restableciendo los privilegios originales a los reyes de Castilla y Aragón, siendo este el primer paso de la independencia de la Inquisición española respecto a la Santa Sede. 

Debido a la intransigencia del tribunal sevillano, comenzaron pronto a surgir voces contra la Inquisición, tanto de judeoconversos como de algunos cristianos viejos debido, sobre todo, al miedo por la arbitrariedad con la que actuaba el Santo Oficio. Ejemplo de ello son los episodios ocurridos en Valencia, Teruel y Zaragoza. Importantes fueron también los casos en Cataluña, Mallorca, Cerdeña, Sicilia o Nápoles, lugares en los que fue muy complicado introducir la Inquisición o en los que, directamente, fue imposible de establecer. El principal argumento esgrimido fue que los procedimientos del Tribunal del Santo Oficio iban en contra de las Sagradas Escrituras pero, realmente, el problema residía en que únicamente alrededor del 40% de las familias españolas de la época estaban seguras de no tener una sola gota de sangre judía en sus venas, por lo que el 60% restante o bien eran de origen hebreo o estaban emparentados con algún judío o judía. Estos datos, de cara a la presente tesis, nos demuestran que en España la Inquisición nunca fue plenamente aceptada por la población sino que una gran parte de los españoles de entre los siglos XV y XIX tuvieron simplemente que aprender a convivir con ella, les gustase o no. Por lo tanto, no es descabellado que pocos años después de la muerte de Fernando el Católico comenzase el lento declive del Santo Oficio hasta su extinción en la primera mitad del siglo XIX. 

Al margen de la situación social generada por la Inquisición en Sevilla -y extrapolable a otras ciudades de los reinos de Castilla y Aragón-, la nueva institución creada por Sixto IV tomó forma gracias a las instrucciones del Santo Oficio dictadas en 1484 en Sevilla por Tomás de Torquemada, célebre inquisidor general, con el objetivo de que todos los inquisidores actuasen al unísono en el ejercicio de sus funciones. Dichas instrucciones convirtieron a la Inquisición en la organización más estable de la historia de España, con una norma que duró casi cuatro siglos.

Tomás de Torquemada, Inquisidor General entre los años 1483 y 1498.

Estas instrucciones de Torquemada se complementaron con la formación sobre el año 1488 del Consejo de la Suprema y General Inquisición, presidido por el inquisidor general, el cual estaba auxiliado por el resto de integrantes. Bajo la tutela de dicho Consejo se encontraban todos los tribunales esparcidos por los reinos de Castilla y Aragón. Tenía jurisdicción temporal y, a la muerte de Isabel I, se dividió en dos: uno para Aragón y otro para Castilla.   El inquisidor general poseía jurisdicción eclesiástica privativa, es decir, poseía jurisdicción propia apostólica, en la que el rey quedaba al margen a pesar de que era el propio monarca el que elegía al inquisidor general. Precisamente, ese mismo año, según Andrés Bernáldez, se quemaron en la ciudad de Sevilla a más de 700 personas y se reconciliaron en torno 5000, lo que nos revela que el aparato de la Inquisición española estaba funcionando a pleno rendimiento con menos de una década de vida.

Una vez fundado el Consejo de la Suprema y General Inquisición se procedió a establecer los tribunales, inicialmente itinerantes, que se fueron repartiendo poco a poco por todo el territorio. Estuvieron organizados, hasta 1492, respecto a las circunscripciones diocesanas, y posteriormente acabarían agrupando a varias diócesis. 

A pesar de la persecución a la que estaban sometidos los judíos, esta comunidad resultaba sumamente rentable a la corona, pues sus miembros estaban obligados a pagar un buen número de tributos fiscales. Sin embargo, la situación llegó a tal extremo -la ciudad de Sevilla era un verdadero hervidero-, que en 1483 se redactó un edicto de expulsión de los judíos de Andalucía. A este edicto le siguió los famosos edictos de 31 de marzo de 1492 -uno para Aragón y otro para Castilla- en los que se decretaba la expulsión de los judíos de los territorios de los reinos de Castilla y Aragón, con carácter definitivo, sin excepciones y con un plazo máximo de cuatro meses. Esto no es más que la conclusión de una persecución total hacia la comunidad judía desde finales del siglo XIV, atendiendo más a motivos económicos por parte de la nobleza que, verdaderamente, religiosos, con la nueva Inquisición como telón de fondo. El texto relativo a las coronas de Castilla y Aragón, llamado Edicto de Granada, decía tal que así: “Nosotros ordenamos además en este edicto que los Judíos y Judías cualquiera edad que residan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de Julio de este año y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar de la manera que si algún Judío que no acepte este edicto si acaso es encontrado en estos dominios o regresa será culpado a muerte y confiscación de sus bienes.”  

Edicto de Granada (1492).

A raíz de estos hechos, muchos judíos comenzaron a marcharse precipitadamente de la Península Ibérica. Los datos relativos al número de personas que abandonaron el territorio no es, a día de hoy, del todo claro, pero se puede llegar a la estimación de que fueron entre 165.000 y 400.000 judíos aquellos que decidieron exiliarse, aunque hay autores que estiman la cifra en cerca de 800.000 personas.  Un testimonio de la época es la célebre carta de Chamorro, llamado príncipe de los judíos en España, a los judíos de Constantinopla, en la que decía lo siguiente: “Judíos honrados, salud i gracia: Sepades que el rei de España por pregon público nos hace volver cristianos i nos quiere quitar las haciendas i nos quita las vidas, i nos destruye nuestras sinagogas, i nos hace otras vejaciones, las cuales nos tienen confusos é inciertos de lo que debemos hacer. Por la lei de Moisen os rogamos i suplicamos tengais por bien de hacer ayuntamiento é inviarnos con toda brevedad la deliberacion que en ello habeis hecho.”

Comenzó así, por tanto, un episodio de conversiones apresuradas y forzosas entre aquellos que se querían quedar o, bien, no podían salir del territorio. Llegó incluso a existir tráfico de personas con aquellos judíos que quisieron abandonar la península. A pesar de que, como comentábamos anteriormente, no existen datos totales sobre el número de personas que abandonaron los reinos de Castilla y Aragón, sí que tenemos certeza de que la expulsión de los judíos causó graves problemas económicos en ambas coronas y que borró de un plumazo una buena parte de la clase media urbana, originando que muchos -clero, nobleza, corona- se quedasen con las propiedades y patrimonio de aquellos obligados al exilio. Como dijo el filósofo Julián Marías “la historia de España en los siglos XVI y XVII comprende un largo catálogo de errores, uno de ellos fue la confusión entre la fe religiosa y los usos sociales” y la expulsión de los judíos en 1492 no fue más que el inicio. 

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